MILEI CIERRA TODAS LAS DELEGACIONES DEL ENACOM

Con el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) unos 500 empleados serán despedidos.

El Gobierno Nacional dispuso el cierre de todas las delegaciones provinciales del Enacom. La resolución que se conoció ayer, se hará efectiva a partir del 1 de abril y dejará a unos 500 empleados del organismo sin trabajo; una medida que va en consonancia con las políticas de ajuste del presidente Javier Milei y se suma a los despidos masivos de empleados públicos que ya viene implementando.

El Ejecutivo anunció y resolvió por decreto la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones en enero de este año, momento en que designó al nuevo Interventor y sus Adjuntos: Juan Martin Ozores, Patricia Zulema Roldan y Alejandro Fabio Pereyra. Fueron ellos quienes firmaron la Resolución con fecha del 27 de marzo, en la que se dispuso el cierre de todas las delegaciones provinciales del organismo a partir del 1 de abril.

El documento expresa que se establecerá “un período de transición de 60 días a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales”. Asimismo, aclara que se dispondrá de “una dotación mínima de agentes que garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones provinciales” del Enacom.

Los motivos que esgrime la Resolución dispuesta por el Gobierno Nacional son que “habiéndose efectuado un relevamiento de la actividad llevada a cabo en las Delegaciones Provinciales, pudo determinarse que la misma viene disminuyendo significativamente desde la implementación del Trámite a Distancia (TAD); que atento a la simplificación y automatización de los procesos, las Delegaciones han perdido relación de proporción entre las tareas llevadas a cabo y sus estructuras” y por ello “resulta necesario proceder al cierre operativo de las delegaciones provinciales”.

El Enacom, creado en el 2015 como ente descentralizado y autárquico, e instituido como Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) y la Ley Argentina Digital (Ley 27.078) cuenta con delegaciones en regiones, provincias o ciudades de más de 500.000 habitantes. Se trata de Centros de Atención al Usuario (CAU) distribuidos en todo el país con el objetivo de “elevar la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional y descentralizar las actividades de control, fiscalización y recepción de reclamos de usuarios por problemas con el suministro normal de los servicios de comunicaciones”.

De esta manera, la medida del Gobierno Nacional dejará sin espacios físicos de atención a los usuarios y, además, implica el despido de cientos de empleados del ENACOM, iniciando con un recorte de unos 400 empleados, que  para cuando se terminen las tareas de cierre podrían llegar a los 500 despidos.

Una decisión del presidente que forma parte del recorte del gasto público y se suma a una ola de despidos en el sector, con oficinas enteras que han dejado de funcionar. Desde la asunción de Milei, y en las últimas semanas, el Ejecutivo ha dispuesto: el cierre del INAFCI, de los Centros de Referencia y otras áreas del ex Ministerio de Desarrollo Social, de TELAM; despidos en Anses, el INTA, el Conicet, el SENASA, la Biblioteca Nacional, la Agencia Nacional de Discapacidad; y la lista sigue para todoas las dependencias y secretarias del Estado.

La resolución que dispone el cierre de las delegaciones del Enacom no es la única que el Ejecutivo piensa tomar en el ámbito de las comunicaciones. El gobierno de Milei prepara un decreto para derogar el DNU 690/2020, en el que Alberto Fernández declaró como servicios públicos en competencia a la telefonía móvil, Internet y la TV por cable, y puso al Estado como controlante de todas las subas que se iban a dar en adelante.

En la modificaciones del DNU 690 se establecerá que la telefonía móvil, el cable y la internet dejarán de ser servicios públicos y que el Estado ya no autorizará más los precios “a fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados, como se venía desarrollando”.