TRANSPORTE EN EL AMBA. PIDEN A LA JUSTICIA QUE ANULE EL AUMENTO DE TARIFAS
Escrito por Luz Lorenzo el 11 febrero, 2024
La Senadora di Tullio, y el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, presentaron un pedido de anulación de las tarifas del transporte por considerar “irrazonable e ilegal” el aumento dispuesto por Nación.
En el marco del nuevo cuadro tarifario del transporte para el Área Metropolitana dispuesto por el Gobierno Nacional, con aumentos del 251% para colectivos y de 247% para trenes, la Senadora Nacional, Juliana di Tullio, y el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presentaron en la justicia un pedido de anulación de la suba, por considerarla “irrazonable”, ya que “no guarda relación con los salarios”.
El pedido de anulación fue presentado el viernes en el Juzgado Federal Nº2 de La Plata en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, tras los aumentos anunciados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura, que elevó en un 250% el costo del boleto para micros y trenes del AMBA, que en la ciudad de La Plata se tradujo en un mínimo de $294,05 y $135 respectivamente.
La solicitud realizada por la Senadora de Unión por la Patria (UP) y el Defensor del Pueblo bonaerense, califica de “irrazonable e inmoral” el aumento de tarifas “debido a su impacto directo en los sectores más vulnerables de la sociedad”. El nuevo cuadro tarifario dispuesto por Nación “no guarda relación con los salarios” e “impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación” de más de cinco millones de usuarios y usuarias del transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Asimismo, en la solicitud presentada en la justicia, di Tullio y Lorenzino se refieren a dicho aumento como “ilegal”, cuestionando los procedimientos en la elaboración de la resolución de la Secretaría de Transporte, alegando que “no se proporcionó información clara y accesible a los usuarios del sistema y, además, no se llevó a cabo una audiencia pública”, limitando la participación ciudadana a “expresarse electrónicamente, siempre y cuando sus comentarios no excedieran los 5000 caracteres”.
En el mismo sentido, la pretensión anulatoria expresa y argumenta que “si buscamos una tarifa justa y razonable debe existir una determinación precisa de todas las variables, cuya transparencia encuentra fundamento en la información adecuada y veraz que exige nuestra Constitución Nacional, lo que no sucedió en las audiencias públicas realizadas ya que no fueron suficientemente explicitados los componentes que influyen en los costos del servicio y la ganancia empresaria”.
Di Tullio y Lorenzino concluyeron que “ante cualquier aumento en las tarifas no se debe pensar exclusivamente en la rentabilidad de las empresas, sino que debe ir de la mano con la situación de los ingresos de los consumidores y consumidoras”.
