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Arranca el debate por el “Código represivo de Garro»

Escrito por el 1 noviembre, 2021

En una maniobra por ganar las próximas elecciones, el intendente Garro buscará aprobar el nuevo Código de Convivencia, al tiempo que varios organismos de Derechos Humanos se manifestarán en contra el día miércoles.

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Para el siguiente miércoles 3 de noviembre esta prevista una sesión en la que Julio Garro intentará aprobar el Código de Convivencia. Pese a ello, distintos trabajadores y trabajadoras afectadas por la medida, anunciaron una fuerte resistencia en las calles, ya que también cuentan con el aval de los organismos de Derechos Humanos, los cuales advirtieron sobre los puntos “inconstitucionales» que contiene la iniciativa.

En las nuevas modificaciones del Código de Convivencia, aquellas personas que comercialicen mercadería sin permiso, inscripción o comunicación exigibles, así como de aquella cuya comercialización fuere prohibida, será sancionada con multa de entre $7.000 a $700.000.

La ocupación de la vía pública con mercadería será sancionada con multa de hasta $527.250; y el ofrecimiento a viva voz o con adminículos sonoros de cualquier producto, será sancionado con multa de hasta $351.500. 

Y quien vendiere de manera ambulante en el espacio público, cualquier producto sin importar la naturaleza, excepto los autorizados específicamente, conforme lo dispuesto en las ordenanzas vigentes en la materia, será sancionado con multa de $52 mil y $527 mil, procediéndose al decomiso de la mercadería en el mismo momento de verificada la infracción. 

De ésta manera, aquellas familias que dependan de la venta ambulante para subsistir y llevarle el pan a sus hijos, se verán perjudicadas si es proyecto es aprobado este miércoles.

Por otro lado, el código plantea la búsqueda de un «equilibrio entre el derecho a manifestar y el derecho a circular», por eso señala que «las manifestaciones y/o movilizaciones no deberán impedir el normal desarrollo del tránsito vehicular de la ciudad, quedando prohibido obstaculizar totalmente los carriles de circulación y que, de hacerlo, serán sancionadas con multas de hasta $351.000. Lo que no menciona es que, se recortará el espacio y las calles disponibles para reclamos, algo que atenta contra el derecho a las manifestaciones.

Además, ante el inminente tratamiento de la medida, desde la Comisión Provincial por la Memoria alertaron de los graves problemas legales de este proyecto. Con un informe técnico presentado a la presidenta del Concejo Deliberante Ileana Cid, destacaron que no debería aprobarse al contener “previsiones inconstitucionales y contrarias a la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. Insistir con la sanción del mismo podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino”.


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