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Juez Luis Arias: «Si las empresas cortasen el servicio incurrirían en una ilegalidad»

Escrito por el 12 julio, 2016

Después del fallo de la Cámara Federal, el juez platense Luis
Arias, recomienda no pagar las boletas de gas. Además analiza el fallo,
describe la discusión de fondo y advierte que en caso de que la Corte Suprema
falle de manera adversa se podría recurrir a tribunales internacionales.

Por: Nicolás Hernández
Entrevista: El Antídoto
  
No pagar
Después
de que la Cámara Federal de La Plata declare como nulas las resoluciones del
Ministerio de Energía y Minería que ordenaban el Tarifazo, 
“Las facturas que emitieron las empresas no tienen sustento legal en
materia de gas”
detalla el Juez en los Contencioso y Administrativo
platense, quien dictó una cautelar de similares consecuencias pero que fue
rechaza por la Cámara de Apelaciones bonaerense.



“Para pagar siempre hay tiempo” continúa, y rescata que previo al
corte debe haber instancias de intimación. De todas maneras, advierte que en caso de que las empresas cortasen el
servicio “incurrirían en una ilegalidad”.
En ese sentido, descartó la
alternativa de un pago precautorio, ya que si
la empresa “no lo quiere devolver voluntariamente” el usuario deberá someterse
a “un engorroso trámite judicial.
Al respecto, Arias cita el ejemplo de la estatal
Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA). Según la Suprema Corte Bonaerense,
la empresa había cobrado indebidamente sus tarifas durante dos años y medio
pero a cuatro años del fallo, “todavía no
devolvió ni un peso a ninguno de todos los usuarios”

El alcance
Si bien en el caso del gas “el actual
tarifario ha sido anulado”, en el caso
de la energía hay algunas complejidades.
“La Cámara Federal también emitió
una medida cautelar que suspende a
EDENOR y EDESUR,
que son nacionales y que prestan servicios en el territorio
de la provincia de Buenos Aires.”
Sin embargo, el interior de la
provincia no fue beneficiada en igual sentido y quedan a la espera de que la
Cámara Bonaerense se expida: “Para el
resto de las empresas, distribuidoras y cooperativas de la Provincia de Buenos
Aires está la cautelar mía que por el momento ha sido suspendida por la cámara”
explica Arias.
En cuanto a los riesgos de “no pagar”, el Juez admite que “estamos sujetos a un monopolio legal” y no estamos exentos a las
posibles presiones de las empresas; pero
“con ese tipo de acciones estarían al margen de la ley y ahí habría que ver si
no cometen un delito al oponerse al fallo judicial
”.

El debate
 El día martes, el Ministro Juan
José Aranguren, secundado por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña y el Ministro de
Justicia, Germán Garavano, anunciaron como paliativo un techo del 400% para el uso domiciliario y de un 500% para
comerciantes y PyMEs
. A pesar del tamaño del aumento, la intención es evitar un fallo desfavorable de parte de la
CSJN.
Consultado sobre esto, Arias aclaró
que “Más allá de las vicisitudes que luego puedan presentarse a partir de un
recurso extraordinario que pueda articular el Gobierno Nacional”, el cual ya
apeló el fallo, la temática no solo se vincula a una cuestión económica, “sino
que hay comprometidos derechos fundamentales
que pueden dar lugar a reclamos en tribuales internacionales”

Al respecto, el magistrado ordena
el debate en dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es el derecho a la
información y el incumplimiento de las audiencias públicas por parte del
ejecutivo nacional.




¿Sinceramiento?
Para explicar del acceso a la
información, Arias ejemplifica con una compra común en el supermercado: “te dan
un ticket detallando todas tus compras, precio unitario, precio total, cantidad
de productos de manera que cuando llegas a tu casa podes controlar lo que
compraste y si te han cobrado bien”.
En contraste, “se dice que la tarifa responde a un
sinceramiento” dice, “pero no sabemos qué es eso. No sabemos si el aumento es
por la quita de subsidios, por futuras inversiones, por un atraso inflacionario
o si es para garantizar la rentabilidad de las empresas extranjeras que tienen
su rentabilidad en dólares”
Además, el derecho a la
información implica el control: “si hay
inversiones, nosotros tenemos derecho a saber cuáles son, porque si no se hacen
¿quién las controla?”

“Yo siempre digo que el servicio
público es una actividad que se sustrae de la economía de mercado para
beneficiar al usuario no para perjudicarlo”



La razonabilidad
La otra cuestión en debate que es
la razonabilidad de la tarifa: “a qué
monto de un salario se puede afectar con los servicios públicos”
. Para
Arias, “esto es importante porque aquí está
comprendido el derecho a la vivienda digna
”. La República Argentina ha
incorporado instrumentos internacionales que han sido incorporados a la
Constitución que interpretan que  “la vivienda digna no es vivir entre cuatro
paredes y tener un techo encima, sino poder calentarse cuando hace frio,
encender una lamparita, abrir la canilla y que salga agua potable.”
Tanto el derecho a la vivienda
como el derecho a los servicios deben tener un “costo razonable”. En este sentido, el magistrado se explaya: “pagar un alquiler, pagar la boleta de gas,
de luz y de agua no debería ser un porcentaje importante en el salario de la
manera que impida el cumplimiento o la satisfacción de otros derecho como la
salud, la vestimenta, la educación.”







Democratización del Servicio Público
Luis Arias sintetiza que la
discusión de fondo es por “la democratización del servicio público”. En este contexto
encuentra que los tres actores
fundamentales: la empresa, el Estado y el usuario no se encuentran en igualdad
de condiciones
. “Resulta que los usuarios nunca tienen participación en la determinación
de las tarifa, pese que lo pagan”.

«La empresa hace su propuesta, el poder ejecutivo aprueba y el usuario
recibe su factura con el hecho consumado y tiene que salir corriendo a pagar la
factura para que no le corten el servicio. Esto es un sistema totalmente
autoritario.»

A manera de cierre, Arias destaca
que el debate no es puertas adentro del
Poder Judicial, sino que es “un debate colectivo”.
Por eso ve en el acompañamiento o en el repudio de la
sociedad
una forma efectiva de
controlar el Poder Judicial
o acompañarlo cuando hay decisiones justas”.


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