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Cromagnon 1 -11 -14

Escrito por el 29 mayo, 2020

Por: Leo Fusero

Mientras Europa se prepara para inyectar 750.000 millones de euros en un paquete de rescate de su economía sin precedentes, que incluye  la nacionalización masiva de empresas para evitar su quiebra y la Corte Suprema de la muy capitalista Suiza obliga a las empresas a pagar parte del alquiler del teletrabajador, en los países donde reina la libertad de mercado que pregonan sicarios mediáticos a sueldo, en solo tres minutos Uber despidió a 3.500 trabajadores. Los viajes en autos con conductores de Uber sufrieron una caída, pero el sector de entrega de comidas está en crecimiento. La compañía reportó un crecimiento de ingresos del 53% para Uber Eats en los primeros tres meses de este año, ya que más personas han realizado pedidos para evitar el coronavirus, sobre todo con confinamientos generalizados. Los ingresos de Uber Eats aumentaron a 819 millones de dólares, aproximadamente un tercio del total de facturación de Uber en el trimestre. Pero ese dinero no fue utilizado para salvar los empleos de los ya precarizados trabajadores, sino para aumentar las ganancias de la empresa. El ideal de la ganancia por sobre la vida está directamente relacionado con la lógica de estas empresas de explotación masiva. Desde el inicio de la cuarentena murieron cuatro repartidores en las calles de Argentina, según informó la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios. La precarización mata, y trabajar a destajo y en total estado de desprotección es la principal causa de muerte de todos los repartidores, mientras que las empresas ni las condolencias les envían a las familias. Solo reemplazan a los repartidores y siguen con su esquema de súper explotación.

Que dentro del esquema de poder del capitalismo financiero es el dinero la fuente de toda legitimidad y justicia queda evidenciado en prácticas patéticas. En cuarentena, con todas las actividades en teoría detenidas, el desmonte continúa. Se perdieron 6.500 hectáreas de bosques en cuatro provincias del norte entre el 15 de marzo y el 15 de abril.

Si la deforestación en cuarentena es un delito penal por no estar considerada como una actividad esencial, ¿qué podemos esperar después, cuando los responsables sólo tengan que pagar una multa? El mismo patetismo se evidencia en la salida del país en avión privado con destino Miami del amigo del alma de Macri, Nicky Caputo, que previo a subirse al avión cobró el subsidio ATP que le dio el Estado, como lo hizo con la multinacional con sede en Luxemburgo Techint. Es evidente hasta para un ciego que Techint no necesita ni cualitativa ni cuantitativamente una ayuda económica; ni en pandemia, ni en guerra. Asistir a Techint es equivalente a asistir a mil Pymes por lo que no existe argumento ni condiciones de sentido común para otorgarle ese beneficio. Si bien el comité de evaluación de la ATP decidió endurecer los requisitos y controles para las empresas que reciban ayuda estatal para pagar salarios, obligándolas a no poder recomprar sus acciones ni distribuir utilidades sin importar la cantidad de empleados que tengan, las medidas paliativas tomadas por el gobierno nacional no alcanzan, y el poco dinero comprometido en comparación con las ayudas en Europa o Estados Unidos terminan en un pozo negro, justo cuando la crisis parece no tener fin.

La misma discriminación por situación de clase económica se da en el trato que el Estado tiene con los habitantes de la Villa Azul, que fueron rodeados y no pueden salir de su perímetro, medida que difícilmente se aplique Nordelta, que sí está rodeada de  milicos, gendarmes y prefectos, pero con orden de cuidar a sus habitantes, no de proteger a la sociedad de los políticos, ricos y famosos que viven dentro, y que son más peligrosos que un pobre contagiado. La sociedad de castas de hecho se comprueba al ver la caravana de habitantes de Tigre que salieron a protestar desde un country en contra de la cuarentena, protesta que no fue reprimida por el Ministro Berni, como sí hace con un villero que intente salir a buscarse el pan.

El problema de pagarle el sueldo a Pol-Ka, Ledesma, Mac Donald’s y Techint es que de las 14 millones de personas que se anotaron al IFE hace dos meses solo la mitad recibieron el beneficio, mientras que muchísimas Pymes y comercios se mueren sin que el Estado les tire un centro. Un país regido por un sistema de castas,  dónde al rico el Estado lo ayuda a ser más rico y al pobre lo deja morir confinado en barrios de cartón y morir sin agua, donde la megacrisis va a ser financiada con el ahorro de $ 34.000 millones gracias al congelamiento de la movilidad jubilatoria, la baja de los salarios y el dinero que el Estado asigna a empresas, que en 3 meses supera los $ 260.000 millones en ATP, un monto muy superior que lo destinado a IFE.  El peligro de este nuevo Pacto de Olivos es que el original se hizo con Alfonsín, quizás el ala más lúcida del ex partido llamado Unión Cívica Radical. Este nuevo pacto se hacer con Larreta, Magneto y Roca, sectores que representan la necropolítica, dictaminando gracias al uso del poder social, económico y político cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir, justo cuando un virus marca las diferencias entre vivir o morir solo por tener agua corriente. El Pro se alimentó siempre de los estragos como Cromagnon y Once para ganar posiciones de poder y el gobierno de Alberto caerá víctima de su tibieza cuando tardíamente se entere que para estas basuras el imperio de la muerte es su forma de generar consensos.

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