La Justicia rechazó los gastos de campaña de Cambiemos durante 2017

Así lo determinó el Juez Alejo Ramos Padilla, al desaprobar la presentación de informes sobre los gastos de campaña de Cambiemos en las PASO de hace cinco años atrás.

El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla desaprobó los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando el distrito era gobernado por María Eugenia Vidal.

De acuerdo a el fallo dictaminado, el juez Ramos Padilla ordenó «extraer testimonios» de lo obrado en ese expediente «e iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito». La directiva se relaciona con la causa que investiga la presunta inscripción de miles de beneficiarios de subsidios y planes sociales registrados como aportantes falsificados en la provincia de Buenos Aires. De manera inicial, se había detectado en 2018 el caso de más de doscientas personas en esa situación, número que luego se elevó a miles.

Por tal motivo, la Justicia decidió multar a los diferentes espacios que constituyeron la coalición en ese entonces. Multó al PRO por 3.246.965 de pesos, a la UCR y la Coalición Cívica por 990.599 pesos cada uno, y a los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, por 34.395 pesos.

El caso se dio a conocer por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante. Esas personas, que se contaron por miles, figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña “no coincidía” con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.

A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, “los DNI no se correspondían”.

“Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales”, añadió. También se detectó que 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.

Paralelamente, se detectaron 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses” y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).