AUH: la ley que cumple su 14° Aniversario

En materia de derechos, la Ley de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH), entró en rigor el 29 de octubre de 2009. Hoy se cumplen 14 años desde aquella fecha.

Este domingo 29 de octubre, se cumplen 14 años desde que se sancionó la Ley de la Asignación Universal por Hijo/a. La misma se dio por decreto de la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, lo cual marcó la continuidad de una línea en la que se reconocía a los niños y niñas, y adolescentes como sujetos de derechos.

Asimismo, la AUH es un seguro social social destinado a personas desocupadas, que realizan trabajo no registrado o que ganan menos del salario mínimo, vital y móvil un beneficio por cada hijo menor de 18 años e hijo con discapacidad.

Además, desde mayo de 2011, las prestaciones se complementaron con el lanzamiento de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) para protección social, que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las doce o más semanas de gestación.

La asignación cuenta, entre otros, con tres requisitos: acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio, y la concurrencia de los menores a un establecimiento educativo, requisitos que tuvieron dos resultados inmediatos. Por un lado, el aumento de la cantidad de niños escolarizados (cumpliendo la asistencia mínima) y la disminución de la muertes infantiles debido a causas evitables, gracias a la obligatoriedad del calendario de vacunas.

Por otra parte, la AUH en cuanto a sus antecedentes, no debería verse como un hecho que irrumpe en la historia sino con muchas antesalas, como toda gran política pública.

En la época de la crisis del 2001 en nuestro territorio nacional, el Frente de Nacional contra la Pobreza realizó una junta en la que se plasmaron las millones de firmas, que planteaban la necesidad de garantizar un ingreso a la niñez, la extensión de las jubilaciones y un ingreso para los y las desocupadas.

Luego de la crisis del 2001, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se inició un proceso de recomposición de la principales variables socioeconómicas a partir de un Estado activo y de la recuperación de la política como herramienta de trasformación social. Con la Asunción de Cristina Fernández, dicho proceso se consolidó con un proyecto de país centrado en un Estado presente, activo y promotor del crecimiento con inclusión social.

A su vez, dicho escenario se extendió a una gran parte de países latinoamericanos, con la implementación de diversas políticas que coincidían en una notable inversión de recursos destinados a programas de transferencias condicionadas de ingresos para los sectores más vulnerables.

En esa misma línea, entre los más destacados, se pueden nombrar Bolsa Familia, en Brasil; el Plan Oportunidades, en México; el Sistema Chile Solidario, en Chile; el Programa Juntos, en Perú; y la Asignación Universal por Hijo/a, en Argentina.

Cabe destacar que, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), propone a la protección social como forma de intervenir en este mundo desigual al afirmar que «la protección social está destinada a responder no solo a los riesgos que enfrenta toda población (…), sino también a los problemas estructurales, como la pobreza y la desigualdad «.

En este sentido, es importante entender que la desigualdad afecta a cada aspecto de la vida de las personas, como el acceso a la educación, a la salud, los servicios públicos, la tierra, el mercado laboral formal, entre otros. Dicho de otro modo, la desigualdad es regresiva para todas las dimensiones de la vida de una sociedad.

Finalmente, si se compara la AUH con otras intervenciones de programas de transferencias de ingresos, resaltará que la misma no está centrada en la lucha contra la pobreza sino en la inclusión a un derecho social de sectores de trabajadores históricamente postergados. No se la piensa como una política focalizada con fecha de vencimiento, sino como un elemento no contributivo dentro del sistema de la seguridad social.

Además, no hay una pauta de egreso, y esto es otro factor central para considerar una política de reconocimiento de derecho social.