LAS COMUNIDADES INDIGENAS NO SERÁN DESALOJADAS: EL GOBIERNO PRORROGÓ LA SUSPENSIÓN
Escrito por Sady Giménez el 19 noviembre, 2021
La norma de emergencia sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas fue prorrogada hasta el 2025 bajo la firma del presidente Alberto Fernández. La misma había recibido media sanción en el Senado.
Mediante el decreto 805/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández prorrogó por otros cuatro años más la Ley 26.160 que establece la emergencia de propiedad de tierras indígenas que prohíbe el desalojo, con ella también se suspende la ejecución de sentencias de territorios que están en litigio judicial.
La normativa, prorrogada por cuarta vez desde su promulgación en el año 2006, ya tiene media sanción en el Senada con 43 de los votos a favor, 2 negativos y 7 abstenciones pero la Cámara Baja no podrá llegar con el tiempo estipulado para debatirla ya que la vigencia de la misma vence el próximo martes 23 de noviembre.
En ese marco, el poder ejecutivo extiende la suspensión hasta el 23 de noviembre de 2025, «mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley N°26.160 y modificar su artículo 3°, de conformidad con las pautas previstas en el proyecto de ley aprobado por el Honorable Senado de la Nación» expresaron desde el gobierno.
En la norma se resalta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), durante la vigencia del plazo, desde el 2022 y antes del 30 de noviembre de cada año, de la emergencia tendrá que realizar un relevamiento «técino-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a las Administración de Parque Nacionales».
También se plantea que durante los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se tendrá que asignar una suma de 290 mil millones de pesos al Fondo Especial que contempla la Ley 26.160.
