Presos y presas del país piden garantías ante la Corte Suprema Nacional de Justicia

El Colectivo Nacional de Personas Privadas de la Libertad presentó un pedido de Protección Judicial a raíz de la sistemática vulneración de derechos que día a día se viven en todas las cárceles de Argentina.

El contexto pandémico generado por un virus que parece no dar tregua, no es selectivo a la hora de contagiar: ataca sin distinción de clase, género o color de piel. Sin embargo lo selectivo son las medidas de prevención y protección de la salud que toman los Servicios Penitenciarios en las unidades penales.

Ante la preocupante avanzada del Covid-19 en las cárceles con más superpoblación en el país -como lo son las de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y Mendoza- el Colectivo que busca velar por los derechos de los presos y presas decidió interponerse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través de la Comisión Provincial por la Memoria se presentó el documento para que se tomen medidas de protección judicial, tanto para detenidos y detenidas que están por cumplir su condena; para quienes tengan derecho de cumplirla en sus domicilios; como para aquellos que viven de manera insalubre dentro de las unidades.

Martín Muñoz es abogado, integrante del Colectivo Nacional de Personas Privadas de la Libertad y presidente del Centro Universitario de la Unidad N°1 de Olmos, y en diálogo con Raíces explicó que tuvieron “la idea de hacer esta presentación porque ya no sabemos a quién más acudir” y agregó que “se niega todo tipo de excarcelación y ningún juez nos da respuestas”.

Hasta el momento, según el reporte de la Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, se estima que hay 43 casos positivos de COVID–19 en unidades penitenciarias, y que en la mayoría de ellas se han restringido las visitas como medida preventiva. Sin embargo, se teme que frente a los pocos cuidados que toman los servicios penitenciarios haya más contagios.

Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió a los Estados «garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a al COVID-19». Con lo cual el hacinamiento, la superpoblación y la falta de limpieza y artículos de higiene que se mantiene en las cárceles del país van en sentido contrario a los organismos internacionales.

En este sentido, en una charla virtual organizada por la CIDH, el Juez Zaffaroni explicó que “Estamos viviendo una emergencia que pone de relieve problemas sociales preexistentes. Hay fenómenos pre-pandemia que esta situación del COVID-19 agudiza. En toda la región desde hace décadas se expanden ideas contrarias a los derechos humanos, que han facilitado la idea del encarcelamiento masivo”.

“En el marco de la pandemia los jueces de la Argentina no solo hacen oídos sordos a lo que dice la CIDH, sino también a la doctrina legal de la Corte de la Nación. Deciden cómo y cuándo quieren. Básicamente no respetan la Constitución Nacional” explicó Martín y afirmó que dentro del Sistema Judicial “hay una línea punitivista bajada y muy marcada en las cárceles”.

Este pedido de Protección Judicial no es el primer documento que presenta el Colectivo ante los estamentos de Justicia: «juntamos todos los documentos de antecedentes de lucha como para legitimar este pedido y también los presentamos» contó el abogado que se recibió en 2017 dentro de la Unidad. (Ver https://drive.google.com/drive/folders/1DwxBI7QmAfOMZn0YVQnXpH0mqlnPRlGt)

«Venimos haciendo reclamos hace años sobre la violación sistemática de derechos que hay dentro de las cárceles pero nadie nos da ningún tipo de respuesta, nos rechazan todos los pedidos y todo va de mal en peor» afirmó Martín, y agregó que «en el marco de la pandemia más que nunca está en riesgo la salud de todos nosotros».

Ver presentación del pedido de Protección Judicial completa:

https://drive.google.com/file/d/13-Dxoz8BPnIy4p70-xxduaNI0clmz_pr/view