Pepe Mujica pide la derogación de la Ley de Caducidad
Escrito por nicohernandez el 13 mayo, 2011
A convocatoria del partido gobernante Frente Amplio, el Parlamento uruguayo votará la próxima semana sobre la posibilidad de eliminar la Ley de Caducidad, que impide a los efectivos militares ser juzgados por delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985).
La decisión se tomó después de que el presidente de la nación, José Mujica, expresara su rechazo a la mencionada normativa.
Este sábado el Frente Amplio se reunirá para decidir si vota a favor o se adhiere a la decisión del primer mandatario nacional, quien revocó la resolución que impidió investigar violaciones a los derechos humanos en la dictadura, mientras que su partido evalúa un proyecto para anular una ley que evitó enjuiciar a los responsables de esos abusos.
Mediante un comunicado difundido por la Presidencia de Uruguay, se conoció que Mujica habilitó reabrir la investigación sobre la desaparición de un militante comunista en 1975, hecho que consideran podría ser el primer paso para revocar un gran número de resoluciones de las gestiones de gobiernos anteriores, que impidieron investigar este tipo de casos bajo el argumento de estar amparados por la Ley de Caducidad.
Ahora, el plenario de la FA revisará si sus legisladores votan a favor de la propuesta de eliminar la Ley de Caducidad o se rechaza la misma, tal como lo sugirió Mujica.
El pasado 19 de marzo los legisladores por el FA votaron a favor del referido proyecto contra la Ley. Esto trajo como consecuencia la dimisión de un Senador y la amenaza de expulsión de otro, que pese a la orden directa votó en contra. Esta reunión será apenas cinco días antes del pleno de la Cámara de Diputados, previsto para el 19 de mayo, donde se tendrá que votar definitivamente el proyecto. La oposición ha anunciado que va a rechazar el proyecto.
El pasado 4 de mayo, el presidente Mujica ya se había reunido con sus parlamentarios a quienes les solicitó no apoyar la propuesta, considerando que esto tendría un alto costo político e irrespetaría a los electores que en dos ocasiones (1989 y 2009) votaron para no eliminar dicha Ley.
De acuerdo con algunos representantes del FA, se estudia una salida a la controversia, cuya estrategia podría ser orientada a eliminar la Ley y posteriormente convocar a un nuevo referéndum para ratificar la decisión. Esto obligaría, al mismo tiempo, llevar a cabo una modificación de la Ley Electoral, que permita al Parlamento convocar a este acto de votación y no recurrir a la recolección de firmas para activar el mecanismo.
Por otra parte, el presidente José Mujica sugiere impulsar otro proyecto que, en lugar de anular la ley la deroga y establece que para la prescripción de aquellos crímenes no se va a tener en cuenta el tiempo en que los militares se ampararon en la polémica normativa.
No obstante, según dos juristas reseñados por la prensa local, ese plan también es inconstitucional, porque vulnera la seguridad jurídica.
A través de un comunicado, el presidente Pepe Mujica habilitó la reapertura de una investigación sobre el asesinato de un militante comunista en la última dictadura.
Este decreto deja sin efecto una resolución del ex presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), por la que se amparó el caso de la desaparición del ex militante comunista Álvaro Balbi en la Ley de Caducidad, norma aprobada en 1986 y que obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar.
«La decisión de Mujica se fundamenta en el numeral 11 de la sentencia del 24 de marzo pasado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referida a la desaparición en Uruguay de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman», reza el texto oficial.
El pasado mes de marzo, la CIDH exhortó a la nación suramericana investigar y sancionar las desapariciones forzadas, estimando que la ley local que lo impide «carece de efectos jurídicos«.
Balbi fue detenido en 1975 y actualmente se encuentra en las listas de desaparecidos uruguayos. Su esposa, Lille Caruso, presentó el 26 de octubre de 1985 una denuncia por «crimen con intencionalidad» ante el Juzgado Penal de Séptimo Turno, pero la investigación del caso no prosperó tras la decisión de Sanguinetti de incluirlo en la Ley de Caducidad.
La referida norma imposibilita procesar y condenar a militares y policías autores de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Fuente: Telesur
