Hay que decirle Poder Judicial y no justicia

Para Dante Miño, casos como el de “Toty” son ejemplos claros
de la distinción entre el Poder Judicial y la justicia. El abogado de la madre
de Brian Mógica y Secretario General del DDHH del Movimiento Evita pasó por
Ritmo y Sustancia, dio los detalles del  caso de Gatillo Fácil y describió las
contradicciones de un sistema “que hace que la gente humilde padezca las peores
consecuencias”.

Escucha la Entrevista a Dante!

 Según sus propias declaraciones, Benjamín Yuguet iba en
bicicleta vestido de civil, cuando vio aproximarse a los jóvenes en moto. El
policía preparó el arma que llevaba en la mochila y al acercarse los chicos les
apuntó con la 9mm y huyeron asustados; Yuguet esperó a que se girase y le disparó “a quemarropa, a muy poquitos metros”. La bala atravezó la espalda de
Toty y le salió por el pecho y “lo deja tirado a Braian sobre el asfalto de la
520”

El homicida cumplía servicio como Custodio y respondía a la policía
bonaerense, debería haberse auxiliado de todos los medios posibles pero “como
un cowboy  desenfundó y lo mató a sangre fría”.
Sin lugar a interpretaciones, es un caso de Gatillo Fácil, ya que “la última
opción lamentablemente fue la primera”

Según las pericias, los jóvenes no contaban con ningún arma
de fuego. El joven que conducía la moto y en quien se encuentra alojado la
bala que mató a Toty, está detenido con prisión preventiva hasta que se lleve
adelante el juicio, mientras que Yuguet goza de toda sus libertades. “En un
robo, la pena es de 5 a 15 y en un homicidio es de 8 a 25, una pena mucho más grave
y sin embargo a Yuguet no se le ha dicatado prisión preventiva” comparó Miño, y
mencionó que la preventiva es para evitar la fuga o el entorpecimiento del
juicio y si hay alguien que podría hacerlo es Yuguet ya sea, “como se dice en
la jerga, apretando testigos o borrando pruebas”.

    El abogado explicó que otras de las diferencia que hace el
poder judicial es el acceso a la defensa: “Benjamin Yuguet tienen abogados
gratuitos de muy buen nivel, que son funcionarios del Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires” y la víctima, como pasó en este caso, “es una
persona de condición social muy humilde, de la periferia del Gran La Plata que
no puede costearse un abogado particular”. Por eso desde la Secretaría de DDHH
del Movimiento Evita ha tomado el caso como paradigmático de “la tremenda
injustica que sucede con la gente humilde”