Potenciar Trabajo: Suspendieron el pago de más de 27.000 titulares

Finalmente, el Potenciar Trabajo sufrió la suspensión de varios miles de titulares, tal y como había adelantado este medio. El Gobierno justificó la medida tras haber encontrado «irregularidades». Intervinieron el ENACOM.

A traves de una medida oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno frenó el Salario Social Complementario a titulares del programa Potenciar Trabajo que percibían jubilaciones o pensiones, prestaciones por desempleo, monotributistas categoría C o superior, fallecidos o personas que tenían un auto con menos de 10 años de antiguedad, entre otros motivos.

Así, con la firma de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo suspendió finalmente el pago del «Salario Social Complementario a los titulares del programa Potenciar Trabajo» de más de 27.000 planes sociales que presentaron «incompatibilidades» en la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de ese programa social.

Las incompatibilidades fueron identificadas mediante el cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys).

Además, en el decreto 899/2024 se oficializó la intervención del ENACOM por el lapso de 180 días y se nombró como interventor a Juan Martín Ozores y como adjuntos a Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, quien fuera interventor del organismo durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

Por otro lado, desde la oposición, el exvicepresidente del ente Gustavo López cuestionó la decisión al considerar que “no era necesaria” ya que “evita la participación del Parlamento en el directorio”.

El texto de explicación de la medida tomada señala que  “que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” adoptadas por el Enacom “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, y que esas medidas “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.

“En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del organismo, concluye el decreto publicado este lunes, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

En un comunicado que acompaña el anuncio de la decisión, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por Alejandro Cosentino, señaló que la intervención realizará “una auditoría del destino de los fondos públicos para promoción y fomento de la actividad en la búsqueda de un uso racional y transparente”. Desde la Secretaría indicaron que se revisará toda la regulación vigente, y los diferentes procesos judiciales en los que está involucrado el organismo.