LOS PRESOS TAMBIÉN TIENEN DERECHOS

El coronavirus llegó a las cárceles y las personas privadas de su libertad comenzaron una serie de reclamos. Exigen elementos de higiene y medidas de seguridad sanitarias para enfrentar la pandemia en lugares con condiciones de superpoblación y hacinamiento desde hace décadas. 

“Nos negamos a morir en la cárcel” rezaba una bandera que habían colgado los detenidos en los techos de la cárcel federal de Villa Devoto, al enterrase del primer caso de Covid-19 en una de las unidades de Florencia Varela.

Los presos de la provincia de Buenos Aires iniciaron protestas por mejores condiciones y agilización de los trámites judiciales. A través de sus abogados defensores, algunos han pedido que se les conceda arresto domiciliario para disminuir las posibilidades de contagio de coronaviru. Resulta imposible tomar distanciamiento social en un lugar superpoblado, donde no hay productos para poder higienizarse. 

A principios de abril, el Tribunal de Casación de la provincia hizo lugar a un habeas corpus colectivo de los 19 defensores generales, para reveer la situación de encierro de los presos y presas, y de alguna manera -como recomienda la OMS- comenzar a descomprimir las unidades penitenciarias para que el virus no se propague de manera abrupta.

Según CORREPI, el mecanismo para realizar este procedimiento es similar al de un triage de hospital: “De todas las causas que existen en las cárceles de la provincia se analiza la gente que tiene un procesamiento y no tiene condena por delitos de baja peligrosidad (delitos contra la propiedad sin lesiones); la que ya está condenada y le faltan de 3 a 6 meses para acceder a libertades asistidas; presos y presas que ya vienen teniendo beneficios y salidas transitorias y que las han suspendido por el aislamiento; personas que integran grupos de riesgo calificados (como los que tienen tuberculosis o portadores de hiv, que abarcan casi todo el universo trans – travestis); mujeres embarazadas o que crían niños y niñas; y personas de más de 65 años”.

Según Kevin Nielsen, Secretario General de la Asociación Pensamiento Penal, para el imaginario colectivo de nuestra sociedad, el motín “está instalado como un acto violento que involucra a una cantidad significativa de presos, pero no mucho más que eso. Los medios de comunicación logran presentarlos como actos aislados de sus causas y sus fines, dejando que el ‘sentido común’ haga el resto”.

Cada juzgado, según su jurisdicción, debe tomar la decisión de estudiar cada situación particular de los detenidos y detenidas, y ordenar que se le otorgue prisión domiciliaria, libertad asistida, etc. En muchas de las unidades, esto no está sucediendo, y los presos saben que el tiempo corre y el virus es rápido. 

Lo cierto es que los motines no son más que las demandas y reclamos de las personas privadas de su libertad para que se garanticen sus derechos básicos. “En 2018 la sobrepoblación alcanzó un nuevo récord histórico: 113%, 22 puntos más que en 2017, y 56 por encima del promedio anual de los últimos veinte años. Esto significa que más de la mitad de los detenidos no tuvo espacio para dormir: a diciembre de 2018 se alojaban más de 42 mil personas en un lugar preparado para casi 20 mil” .

La sobrepoblación genera hacinamiento y vulnera derechos básicos como el acceso a educación, trabajo, salud, visitas familiares, alimentación; también crea condiciones para que ocurran los hechos de violencia y tortura penitenciaria” relata el Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria, en donde se analiza, entre otras problemáticas, la situación del sistema penal en la provincia de Buenos Aires. 

Según estadísticas del SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena) que publicó en sus redes Claudia Cesaroni -abogada querellante de detenidos en Devoto-, en cárceles federales como en la que sucedió el primer motín, de 13.358 detenidos, el 57% no tiene una condena firme; 5.358 están por infracciones a la ley de drogas; y 5.093 están recluidos por robo o tentativa de robo, es decir, delitos de baja peligrosidad. Muchas de esas personas detenidas, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, o el Tribunal de Casación de la provincia, son personas que podrían estar en sus domicilios cumpliendo el aislamiento social y preventivo, colaborando a que las cárceles no se encuentren (tan) superpobladas, y porque además es su derecho.

Juan Tapia es abogado y juez de garantías, y explica que “es fundamental que los que trabajamos en el sistema judicial conozcamos la realidad de los penitenciarios, porque en definitiva somos los que decidimos por su situación dentro o fuera de la cárcel. En ese sentido es importante el activismo judicial para hacer diferentes y pequeñas acciones que funcionan como parches donde hay una vulneración de derechos. Si bien el problema es más estructural, esos parches son los que muchas veces salvan vidas”. 

Tapia, quien hace años dicta talleres en la Unidad nº15 de Batán, cuenta que en esa cárcel el diálogo entre las autoridades y los penitenciarios está más institucionalizado que en otras, y aclara que “es necesario tratar de garantizar que los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad se concreten en el plano real, de eso se trata escuchar estas demandas: pensar en cómo se puede hacer efectivo y operativo los derechos reconocidos por nuestro país”.

Las presas de La Plata se suman al reclamo 

Detenidas de la Unidad 33 de Los Hornos se encuentran desde ayer en estado de huelga de hambre, y realizan protestas pacíficas dentro los pabellones, ya que muchas de ellas están por cumplir sus condenas, y piden finalizarlas en sus casas a causa de la pandemia que temen llegue a las unidades penitenciarias de la ciudad. 

Por otro lado, exigen que haya una mesa de diálogo con las autoridades penitenciarias para discutir sobre las necesidades esenciales de las detenidas y detenidos.