Cárceles: 1.500 fueron torturados en una semana

La Comisión Provincial por la Memoria elaboró un informe sobre la represión violenta y las torturas de parte del Servicio Penitenciario Bonaerense durante las protestas carcelarias del 31 de octubre, el 1 de noviembre y días posteriores. Exigen que los hechos no queden impunes.

Se estima que más de 1.500 personas fueron torturadas, centenares de personas trasladadas o heridas. «La magnitud, escala y violencia de la actuación penitenciaria no tiene antecedentes recientes», aclaró la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

«Heridas en zonas vitales con postas de goma disparadas a quemarropa, aislamiento extremo, falta de comida o entrega de comida podrida, la quema y destrucción de aulas universitarias, nula atención médica de heridos, entre otras represalias, son algunos de los hechos perpetrados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)», detallaron.

Desde la Comisión, en su carácter de Mecanismo Local de la Prevención contra la Tortura, afirman la responsabilidad del SPB en el conflicto: tras haber anunciado el reinicio de las visitas en las cárceles luego de 8 meses de ASPO, un día antes, cuando todo estaba preparado para que así sucediera, notificó que las mismas se suspendían.

«Esa decisión inició las protestas que luego fueron alentadas y/o permitidas por funcionarios penitenciarios que habilitaron a los detenidos a subir a los techos o implementaron medidas que lo facilitaron, como por ejemplo colocar y sostener una escalera. Los testimonios de las personas detenidas y los registros fílmicos no dejan margen para la duda», detallaron en un comunicado.

Es por esto que la CPM presentó 1.580 habeas corpus individuales y 21 acciones de carácter colectivo y decenas de denuncias penales para que se investiguen y sancionen las torturas realizadas durante las protestas y también los días posteriores.

Asimismo, la Comisión reclamó la presencia de jueces penales y presenció procedimientos penitenciarios, como los recuentos de detenidos durante la madrugada, donde se relevaron los heridos y torturados.

El informe elaborado por la CPM para denunciar la sistemática violación a los Derechos Humanos dentro de las cárceles, fue presentado al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Buenos Aires, Julio Alak, a la Suprema Corte provincial y al Procurador General, «reclamando reformas urgentes para revertir las políticas criminales y de seguridad en la provincia».

Si bien se trata de un subregistro, por la comunicación con las víctimas o por hechos informados por la justicia, la CPM pudo constatar con precisión 426 lesiones sufridas a 338 personas durante la represión penitenciaria. El 70% sufrió lesiones por impactos de balas de goma, el 19% por golpes de puño o patadas, y un 9% por el uso de elementos contundentes o cortantes.

Al respecto, muchos relatos de los presos y presas detallados a la Comisión, dan cuenta del uso de elementos, denominados facas, por parte de funcionarios penitenciarios para encubrir sus agresiones y hacerlas pasar por lesiones producidas por peleas entre los mismos presos.

Según el organismo, la mayoría de las torturas y/o malos tratos denunciados se produjeron cuando la protesta ya había sido controlada. Y en los días posteriores continuaron las represalias: aislamiento extremo en celdas hacinadas sin acceso a ducha o actividad alguna, falta de provisión de comida o entrega de comida en mal estado, golpizas y traslados compulsivos y arbitrarios.

Las graves represalias y torturas que ocurren durante y luegos de las protestas legítimas de las personas privadas de su libertad, por parte de los funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, no distan mucho de los hechos que sufrían los detenidos-desaparecidos en la última dictadura militar.

«La gravedad de esta represión sin precedentes fue la máxima expresión de una realidad cotidiana en todos los lugares de encierro: la práctica sistemática de la tortura. Es indispensable investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, e implementar políticas de prevención y asistencia a las víctimas«, concluyó la CPM en el comunicado.

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