Los cuervos

Por Leo Fusero

La estatización de Vicentín marca el rumbo de un gobierno que venía acertando en temas sanitarios pero errando fiero en aspectos económicos. Valga como ejemplo los aplausos al personal de salud que siguen oyéndose a las nueve de la noche, pero el bono prometido en marzo para todos los trabajadores que enfrentan a diario la pandemia aún no lo han cobrado. Falta conocer los detalles, pero deberíamos aprender el derrotero que siguen las estatizaciones en Argentina, incluso bajo gobiernos peronistas. Cuando CFK dispuso la reestatización de YPF desembarcó junto a la familia Eskenazi, que sin gastar un dólar se quedó con el  25% de la petrolera. El Grupo Petersen, como se denomina la parte empresarial de la familia Eskenazi, carecía de recursos para adquirir la participación accionaria, y gracias al capitalismo prebendario se convino una ingeniería financiera para que la pagara con futuras ganancias de la misma empresa que estaba comprando, lo que se llama comprar gratis. La idea de la burguesía nacional apoyando el desarrollo del país quedó nuevamente estéril, ya que al poco tiempo los Eskenazi devolvieron el grueso favor que les hizo Cristina presionando a favor de aumentos en los precios del petróleo y del gas, no reinvirtiendo las utilidades de la empresa y haciéndole juicio al Estado, que no le permitía girar dividendos. Para cerrar la frutilla, vendieron los derechos del juicio a Burford Capital, un fondo buitre al que el viernes, la jueza federal de Wall Street, Loreta Preska, avaló y dispuso abocarse al caso, de mal pronóstico para el país. La familia Eskenazi encabeza la lista de fugadores de divisas con 100 millones de dólares.

El mismo cuidado debería tenerse en el pago de sueldos a empresas cuyos dueños no solo no lo necesitan, sino que figuran sacando sus ganancias del país, como Néstor y Gustavo Ick, dueños de casinos, medios de comunicación, bancos, tarjetas de crédito, entidades que comercializan seguros, distribución energética y los hoteles más lujosos del norte argentino. El Estado pagó los salarios de sus empresas ante la amenaza de despedir trabajadores, pero se desentendió de los 42 millones de dólares que ambos empresarios fugaron. Para definir que empresas deben y necesitan cobrar el apoyo del Estado es fundamental el rol del ministro de trabajo, que viene pateando en contra desde que inició su gestión: homologó el acuerdo firmado entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), por lo que durante otros 60 días habrá suspensiones temporarias y reducciones salariales ante la pandemia de coronavirus. La muerte de las Pymes que no reciben la ayuda que las grandes empresas no necesitan es la que explica la caída del 0,9% en la cantidad total de personas ocupadas en la economía formal. La contracción del empleo asalariado privado se redujo un 0,8% (48.000 trabajadores menos) y el trabajo monotributista cayó un 2,8% (45.000 trabajadores) solo en Marzo. El que no tiene problemas de empleo es Eugenio Begue, ex Subsecretario de Empleo de María Eugenia Vidal, que acaba de conseguir trabajo como interventor del SUPA gracias al nombramiento del Ministerio de Trabajo, en la resolución 460/2020 firmada por Moroni. Más escandaloso es el nombramiento de Carlos Bastos en el directorio de Metrogas, empresa con un 70% de participación estatal. Bastos cuenta con los populares antecedentes de haber sido ministro de energía de Menem, haber privatizado Segba, haber dolarizado las tarifas de los servicios públicos y haber declarado contra el país en el CIADI.

El control de los monopolios es fundamental si no se quiere caer en una hiperinflación derivada de la asistencia monetaria al Tesoro, que en los primeros 5 meses del año ya superó el billón de pesos. En un contexto de crisis y con todos los mercados voluntarios de crédito cerrados, el Banco Central emitió $1,052 billones para asistir al fisco. Mayo también se destacó el crecimiento del circulante en poder del público y los depósitos privados a la vista. Ese conjunto —que se denomina técnicamente M2 privado— mostró un aumento promedio mensual sin estacionalidad de 9,8% nominal y de 7% en términos reales, récord histórico. Si ese dinero cae en manos de los pocos formadores de precios, Alberto sentirá en carne propia lo que su ídolo Alfonsín sintió en 1989 cuando las remarcaciones eran a cada minuto. El camino lo marca Alemania, que en una maniobra de pinzas  baja el IVA dos puntos y a su vez otorga un bono de 300 euros por hijo para ayudar a la población, medida justamente contraria a la que el gobierno decidió aplicar con los jubilados, que en lo que va del año perdieron entre $541 y $14.022 por mes, según los distintos niveles de ingresos, desde los más bajos a los más altos. Que la crisis la paguen los capitalistas prebendarios que endeudaron y saquearon el país, sin hacerlos socios de las empresas que deben velar por que cada argentino pueda comer, y que el ajuste comience por no pagarle los sueldos a fugadores de divisas y dueños de casinos no es un sueño, es la obligación que tiene un gobierno peronista cuando los cuervos sobrevuelan su comunidad.