Un gobierno peligroso

La baja en las jubilaciones no alcanzó a gendarmes y prefectos retirados. Para ellos, por decreto, Macri les asignó un aumento de 55%. Para seguir congraciándose, anuló el decreto N° 436 de Alfonsín, otorgándole autonomía a las Fuerzas Armadas para decidir ascensos, traslados, designaciones, premios, nombramientos y cambios de destino del personal superior al grado de Coronel o equivalente. La necesidad de promover la felicidad castrense va de la mano con el objetivo de que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior, bajo pretexto de combate al narcotráfico, rol que tienen expresamente prohibido por las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.

El panorama se ennegrece si se ven los resultados de encargar la lucha contra el narcotráfico a los ejércitos. En México, una década de “guerra al narco” cuadriplicó la tasa de homicidios, generó más de 30 mil desaparecidos y multiplicó el gasto militar dos veces y media. El resultado, un aumento en el consumo de sustancias prohibidas, carteles de droga más poderosos y militares que, de combatir el narcotráfico, encontraron su vocación en expandirlo participando del negocio, como los Zetas, ex militares de élite que pasaron al narco. En Brasil, São Paulo es la ciudad donde más ha descendido el número de asesinatos. Entre 2000 y 2016, la baja del número de homicidios fue del 73%. En 2016 la tasa de homicidios fue de 9,5 asesinatos por 100.000 habitantes, muy por debajo de las estadísticas nacionales, con una media 28,1 muertes violentas. El descenso en la violencia no se debe a las políticas oficiales ni al aumento de la población carcelaria de cerca de 30.000 presos a más de 200.000. Fueron esas cárceles las que acabaron siendo administradas por los propios criminales. Para el año 2000, el Primer Comando de la Capital, una poderosa banda criminal que controla el narcotráfico en el estado, había conseguido asesinar a toda la competencia. Al expandirse por fuera del narcotráfico, el PCC controló las favelas, donde generó negocios como el transporte alternativo, la conexión clandestina de TV por cable, la venta de garrafas de gas, estaciones de servicio, tiendas y bares, casa de cambio, construcción civil y gestión de escombros. También son fuertes en el alquiler de departamentos y la venta de coches usados. Para estos negocios es mejor la convivencia pacífica que las balas. La hegemonía de esta facción criminal en São Paulo generó la baja en el delito, no las políticas de Estado. Bajo el mismo pretexto de combate al narcotráfico, Temer delegó el control total de la seguridad en Río de Janeiro al Ejército. El objetivo no eran las bandas narcotraficantes sino la Policía Militar, que hasta ese momento controlaba el negocio. Para marcar la cancha, la PM le incrustó cuatro balazos en la cabeza a la concejala Marielle Franco, que había denunciado a policías del 41º Batallón de Policía Militar por abusos de autoridad.  Lo que se dice una calurosa bienvenida.  El ingreso de Colombia a la OTAN se concretó el pasado 31 de mayo. Nicholas Spykman, el teórico geopolítico que tuvo mayor influencia sobre la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX, consideraba que los países caribeños, incluyendo Colombia y Venezuela, formaban una zona de influencia donde “la supremacía de Estados Unidos no puede ser cuestionada”. Las Fuerzas Armadas de Colombia dieron un salto en la región sudamericana pasado del quinto al segundo lugar, sólo detrás de Brasil, impulsadas por la importante asistencia militar de los Estados Unidos para el combate al narcotráfico, con énfasis en la inteligencia, modernización y profesionalización de sus Fuerzas Armadas. En paralelo, el presupuesto militar de Colombia es con mucha diferencia el mayor de la región. Bogotá dedica el 3,4% del PBI anual a la defensa, frente al 1,3% de Brasil y el 1% de Argentina para. Si se mide el gasto militar en porcentaje del presupuesto de la nación, Colombia dedica nada menos que el 15% frente al 7% de Ecuador y el 6% de Venezuela. Lo más importante es su larga experiencia en el control de los movimientos populares. El país ha sido un laboratorio de neutralización de la protesta social, que fue acotada por una hábil combinación de represión, infiltración y cooptación.

A lo temerario de la propuesta Macrista debe sumársele que los encargados de aplicar dicha política son Patricia Bullrich y Oscar Aguad. El segundo viene de perder el arma estratégica más importante del país hundido en el fondo del Atlántico, suceso del que se enteró, según sus propias declaraciones, “leyendo Infobae”. La primera tiene más experiencia. Al cadáver de Maldonado flotando en el río Chubut pudo sumar el de Rafael Nahuel. La presa fue conseguida por el grupo Albatros, que ingresó sin orden judicial al campamento mapuche del Lago Mascardi. Se efectuaron 114 disparos. Aproximadamente 40 fueron disparados por el cabo primero Francisco Javier Pintos. Uno de ellos hirió de muerte a Rafael. Fausto Jones Huala fue quien junto a Lautaro González bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel en una camilla improvisada intentando salvarle la vida. No pudieron. Al llegar a la ruta fueron detenidos. A seis meses, la causa sostiene la carátula original de la causa: “Jones Huala, Fausto Horacio y otro S/ muerte por causa dudosa, usurpación y atentado agravado por más de tres personas”. Pintos no fue molestado,  ni siquiera llamado a indagatoria en calidad de testigo. La carátula deja en claro que el bien más preciado socialmente es la propiedad. Lo que está prohibido no es matar, sino violar la propiedad privada.