Por una estrategia integral para la erradicación del empleo ilegal (mal llamado no registrado,o “en negro”)

OPINIÓN

El empleo ilegal, mal llamado «en negro» o «no registrado»es uno de los principales flagelos que todavía sufre la clase trabajadora nacional, a pesar de todos los avances y mejoras logrados desde el año 2003 hasta la fecha.

La tasa de empleo no registrado (promedio nacional) llegó a un máximo de 49,9%, en el momento de la crisis de fines del 2001, principios del 2002. A fines del año pasado (2014) llegó al 33,6%. Esos 16 puntos de diferencia representan unos 80 mil millones de pesos de ingresos por año para la Anses. Sin embargo, el FMI nunca hace hincapié en combatir la evasión empresaria a la seguridad social como una de las estrategias para mejorar las cuentas fiscales. Su obsesión sigue siendo el recorte del gasto público, con efectos regresivos sobre la distribución del ingreso.

Una muy buena noticia reciente, es que, en el primer trimestre de este año 2015, llego al 31,9%, el nivel mas bajo de los últimos veinte años; por lo cual se estima en casi cuatro millones de trabajadoras y trabajadores asalariados padecen esta situacion de ilegalidad, en todo el país. De ellos aproximadamente la mitad, son bonaerenses.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC (mediciones que hasta ahora ningun sector ha cuestionado), la tasa de asalariados sin descuento jubilatorio, en los 31 aglomerados urbanos del país registraba una disminución al 31,9%, con un pico máximo de 40,7% por ciento en la Región Noroeste y un mínimo de 19,9% en la Región Patagónica. En tanto, llega al 31,5% en la región Gran Buenos Aires (que incluye Ciudad y conurbano).

Por cada punto que baja la informalidad laboral, la recaudación de la Anses crece 5000 millones de pesos al año, según una estimación oficial conocida hace unas pocas semanas. Como es lógico, a más trabajadores formales, más aportes y contribuciones para el Estado. Redoblar esfuerzos para disminuir el trabajo en negro es uno de los caminos posibles para responder a los pedidos de ajuste fiscal que efectuaron, recientemente, una vez mas, funcionarios del FMI. Para mejorar la eficiencia recaudatoria, y por ende la performance fiscal, se requieren más controles sobre los agentes económicos, no menos, como plantea el organismo internacional.

Tal como señalan los investigadores de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) Fabio Bertranou y Luis Casanova, autores del informe «Informalidad Laboral en Argentina», se trata de “un fenómeno complejo y

arraigado en la sociedad, que hace necesario hacerle frente por una combinación de políticas públicas”.

Según dicho informe, elaborado en base a datos del Censo Nacional 2010, la tasa del empleo asalariado no registrado alcanzo al 38%, mientras que entre trabajadores cuentapropistas se elevaba al 58%. Se estima que dos de cada tres trabajadores informales correspondían al universo de empleados asalariados.

La información estadística volcada en el informe de la OIT, en base a la encuesta de hogares que se hacía exclusivamente en el área metropolitana (Gran Buenos Aires), señala una tendencia creciente de la tasa de informalidad urbana desde 1977, cuando registraba un 15,3%, hasta 2004 cuando tocó el 44,5 por ciento. Explica el trabajo que “luego de superada la crisis de convertibilidad, se recuperó el crecimiento económico con una elasticidad empleo-producto superior a la de décadas pasadas, al menos durante algunos años, y se implementó una serie de iniciativas para promover la creación de empleo asalariado registrado; de este modo, recién a partir de 2004-2005 comienza a revertirse la tendencia creciente que registró el empleo asalariado no registrado durante las tres décadas anteriores”.

La importancia de la adhesión a la ley nacional 26940 y de la implementación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y otras nuevas acciones y organismos en la provincia de Buenos Aires.

Los diputados provinciales Gustavo Di Marzio y Patricia Cubría, ambos del bloque Frente para la Victoria (FpV) presentaron recientemente, el día 3 de junio pasado, un proyecto de ley (D-1550/15-16) que promueve la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional 26.940 de implementación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). Y, además, la implementación de acciones y la creación de organismos que permitan, en el ámbito provincial, ganar en eficacia y complementariedad en la promoción del trabajo registrado y en la prevención y el combate contra el fraude laboral.

La importancia de esta iniciativa reside en que los trabajadores con empleo ilegales, no registrados debidamente por sus empleadores, carecen de cobertura social , y tampoco se les efectúan los aportes jubilatorios correspondientes.

Asimismo, no están comprendidos en los acuerdos salariales que, año tras año, resultan de las negociaciones paritarias entre empleadores y sindicatos de cada actividad, y por consiguiente no reciben las sumas a las que tienen derecho, lo cual les genera una merma en el del poder adquisitivo de sus ingresos mensuales.

Por estas razones es que es de suma importancia y urgencia la implementación de acciones y la creación de organismos públicos provinciales para avanzar en la efectivización de los derechos laborales esenciales que garantizan las Constituciones nacional y provincial.

Asimismo, se impulsa intensificar la investigación, el análisis, y las denuncias y el monitoreo sobre situaciones de trabajo no registrado (cuando no esclavo o semiesclavo), así como todas las formas de subcontratación ilegal, fraude laboral y seguridad social, en actividades donde la fiscalización se presenta una mayor complejidad.

En lo esencial del proyecto se destacan los siguientes artículos:

Art.1ro.: «Adhiérese la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional

26.940 – Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales»

Art 2do «Crease en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia, la Unidad Provincial Especializada de Fiscalización del Trabajo Irregular (UPEFTI), con el objeto de investigar, analizar, evaluar y denunciar situaciones de trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal, fraude laboral y seguridad social».

Con especial atención en: a) las infracciones y sanciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 26.390 y a la ley 26.847; b) las infracciones y sanciones a la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas; y c) las infracciones y sanciones impuestas en el marco de las leyes 25.191 y 26.727 por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) con motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores.

Art. 5.: «Los empleadores sancionados por las violaciones indicadas en la ley 26940, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán: a) Acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado provincial; b) Acceder a líneas de crédito otorgadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires;

Art 8.:»Créase el Comité de Seguimiento de las acciones de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral en la Provincia de Buenos Aires. El Comité estará integrado por un (1) representante titular y un (1) representante suplente de: a) el Ministerio de Trabajo de la provincia; b) el Ministerio de Economía de la provincia; c) el Banco de la Provincia de Buenos Aires; d) de las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia, respectivamente; e) De las entidades empresarias representativas del ámbito provincial; y f) de los trabajadores, a propuesta de la central de trabajadores con personería gremial, de manera similar a la integración del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El Comité de Seguimiento tendrá funciones de monitoreo, análisis y aportes con el objeto de coadyuvar a la implementación de la presente ley.»

El trabajo ilegal (también llamado no registrado, o “en negro”) es una realidad que cruza a todas las economías de América Latina y aunque nuestro país evidenció mayor reducción en los últimos años.

Es absolutamente necesario atacar este flagelo con una estrategia frontal e integral, articulada política y socialmente, y conjuntamente, desde los ámbitos de actividad públicos y privados.

Se requiere de políticas económicas y sociales eficaces, también a nivel provincial y municipal, que hagan eje y prioricen el empleo digno, es especial de las mujeres y los jóvenes; y de empresarios del sector privado que asuman la responsabilidad politica y social que, sin ninguna duda, les cabe.

Por todas estas consideraciones es que puede afirmarse que la implementación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), y las nuevas acciones y organismos que se promueven en el proyecto de ley recién mencionado es una decisión que sumará herramientas válidas a la estrategia integral imprescindible para la erradicación del flagelo del empleo ilegal (mal llamado registrado, o “en negro”).

Esta lucha frontal debe ser una cuestión prioritaria en la agenda de política económica, laboral y social, a nivel nacional y provincial, por cuanto es una de las principales “deudas sociales” de esta compleja y extraordinaria etapa de la vida nacional que se inició, con la presidencia de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, y cuyo tercer periodo está completando, durante este año, nuestra Presidenta de la Nación.

La Plata, junio de 2015