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Pegarle al chancho

Por: Leo Fusero

El martes el gobierno presentó ante la Securities Exchange Commision (SEC) de Estados Unidos la cuarta versión de la única, última y definitiva propuesta de canje de la deuda que ya hizo tres veces. La proposición argentina incluye la posibilidad de cambiar los títulos de deuda emitidos por la administración Macri por 13 nuevos bonos con diferentes tasas de interés y vencimientos, que pueden ser combinados a voluntad del acreedor.

En promedio, la oferta paga unos U$S 54 dólares por cada 100, bien lejos de los U$S 37 que el mismo gobierno había definido como máximo posible, superior a los U$S 50 que el FMI declaró como límite a la sostenibilidad del canje y bien cercano a los U$S 57 que los Fondos de Inversión pedían en primera instancia. Nada muy distinto de lo que hubiese hecho Macri. Suponiendo el mejor de los escenarios, donde todos los acreedores elijen canjear sus tenencias por el bono de vencimiento más lejano, en el 2025 el país se vería ante el pago de capital e intereses por U$S 9.100 millones, cifra imposible de afrontar. Dicha imposibilidad implica que el canje se hace para acomodar el desastre macrista y volver en el corto plazo a tomar deuda para pagar deuda vieja, lo que edulcoradamente se denomina volver a los mercados.

Esa vuelta a la normalidad de la timba financiera viola la promesa electoral de resolver de una vez y para siempre la cruz del endeudamiento nacional. A su vez, garantiza la impunidad para los que contrajeron esa deuda a espaldas del pueblo argentino y en beneficio personal, ya que una vez alcanzado el acuerdo, votado en el Congreso y realizado el canje, se legitima y legaliza todo lo actuado por la banda de piratas del asfalto con cargo público denominada Cambiemos. Quizás es por eso que la oferta argentina fue elogiada por Toto Caputo, aquel que fuera vendido como Messi de las finanzas y terminara siendo el Carucha Müller de la deuda, que calificó la propuesta como “muy buena, aceptable para los acreedores y acordes a las posibilidades del país”. Cubrir con un manto de olvido a quienes endeudaron salvajemente la nación es antagónico a la promesa electoral de investigar a fondo el endeudamiento amarillo, pero sintoniza mejor con la muy buena relación personal que Toto Caputo y Federico Sturzenegger tienen con el dueño de Dylan. También no marida armoniosamente con un autopercibido gobierno de científicos pagar diez veces más en deuda que lo que se invierte en ciencia y tecnología.

La nueva oferta de deuda recibió una respuesta positiva por parte del llamado mercado. Mientras que la Bolsa de Buenos Aires subió el 9,01%, las acciones de las empresas argentinas en Nueva York crecieron hasta el 39,8% y el riesgo país cayó el 5,7%, informando que el malevaje financiero vuelve a celebrar la impunidad de secuestrar países y que sus pueblos paguen el rescate.

Que la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado lo demuestra el fallo de la corte inglesa que el 22 de junio sentenció que las 30 toneladas de lingotes de oro venezolano guardadas en el Reino Unido debían ser entregadas al virtual y autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y no a la nación soberana a la cual pertenecen, en un acto moderno de la más rancia piratería. En la misma semana el gigante químico alemán Bayer anunció que indemnizará a decenas de miles de demandantes en EE.UU. afectados de cáncer debido al Roundup, pagando U$S 10.000 millones de dólares. Aunque científicos argentinos confirmaron que ese herbicida junto con arsénico (presente de forma natural en amplias regiones) producen alteración hormonal y daño genético, antesala posible de enfermedades como el cáncer, el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008, comercializando unos 300 millones de litros de estos químicos con la sola finalidad de generar comida barata para chanchos chinos, y cuya renta es apropiada por pocas multinacionales que evaden y fugan sus ganancias junto a la oligarquía local que luego presiona con sus dólares para empobrecer al país vía devaluación.

La contaminación y la enfermedad, eso sí, son socializadas y a cualquiera que se le ocurra levantar la voz será estigmatizado como Andrés Carrasco, biólogo molecular, presidente del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA que luego de publicar en 2009 su investigación sobre el efecto letal del glifosato en embriones anfibios y su vinculación con la salud en humanos sufrió una campaña de desprestigio escabezada por las empresas del agronegocio (Monsanto – Bayer, Syngenta, Aapresid,), los diarios La Nación y Clarín y el ministro de Ciencia Lino Barañao. Hay que pegarle al chancho para que salte el dueño.

Mismo desprestigio sufrió el presidente del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, luego de denunciar que las quemas de selva de junio en la zona brasileña del Amazonas marcaron un récord histórico. El número de incendios aumentó un 19,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, con 2.248 focos registrados, la peor cifra para ese mes en 13 años. Todo sea para ganar tierra fértil donde plantar soja y veneno. Controlar el agronegocio era una de las virtudes de la estatización de Vicentín, patriada rápidamente olvidada por el gobierno que aún no sabe como enfrentará la hambruna post pandemia.

Resolver la debacle social inyectando menos del 5% del PBI, cuando el New Deal de Roosvelt inyectó el 40%, es una quimera, como pensar que el gobierno tiene talla para enfrentar a los organismos internacionales que controlan la moneda,  el comercio y el crédito y que practican el terrorismo contra los países pobres, y contra los pobres de todos los países, con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. De la debacle macrista solo se investigará las denuncias presentadas por el interventor del Energas, Federico Bernal, contra el ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, por fijarle un precio del gas en dólares para los productores muy superior a los precios del mercado, para luego trasladarlos a tarifas, generando un daño económico estimado en U$S 561 millones de dólares y la efectuada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, por espionaje ilegal y manejo irregular de fondos. Ambos funcionarios tienen terminal directa en el Instituto Patria y sus denuncias estaban listas para ser presentadas hace más de tres meses. Se esperaba el visto bueno del gobierno para presentaras, visto bueno que nunca llegó, y fueron realizadas por orden de la Vicepresidenta. Al ritmo Albertiano, es más probable que vaya en cana Samanta de Bake Off que Macri. Beneficiar con la impunidad a los secuaces del macrismo parece ser una medida decidida por el gobierno, ya que un error en política puede ser una equivocación, pero tres errores al hilo son una política de estado.

Mientras la oposición y el poder real le hacen la guerra, el gobierno juega a los soldaditos y le saca el cuerpo a la defensa de su vicepresidenta, pensando que las denuncias hechas por la oposición y el gorilaje mediático la esmerilan solo a ella. Sería un gran error olvidar que una gran parte de la población fue escolarizada políticamente en la década anterior, y que muchos de los que hoy gobiernan no tendrían ni chances de pasar cerca de un despacho gubernamental si no fuera por Cristina. El mismísimo presidente se invistió de ese rol por indicación de Cristina a sus votantes, no por carisma personal. Para Alberto sería suicida olvidar que de la dupla ejecutiva de gobierno, una lidera las masas y el otro pasea un perro.