Conferencia de prensa por las obras frenadas

La conferencia de prensa estará a cargo de la Mesa Nacional de Barrios Populares, y surge a raíz del amparo que presentaron para la restitución de los fondos para las obras de integración sociourbana.

Hay una problemática que no resulta ajena a muchos barrios de la ciudad de La Plata, sobre todo si se tiene en cuenta que la capital de la provincia se ve muy afectada cuando las intensas lluvias azotan a los barrios carentes de la infraestructura necesaria para el drenaje de el agua.

Asimismo, San Carlos comparte un denominador común con otros barrios a lo largo y ancho del territorio argentino, y es que en varias de sus cuadras padece la falta de asfaltado, lo que deriva en calles intransitables en épocas de constantes lluvias. Esto dificulta la circulación, sobre todo en las familias que se movilizan a pie para ir a trabajar o llevar a su hijos/as al colegio.

¿Y por qué no se asfaltan? ¿Dónde está el dinero? ¿Quiénes deben encargarse? Lo cierto es que, la total paralización de más de 30 mil obras públicas que eran financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) impide el acceso a los servicios básicos de unas 330 mil familias del sector más vulnerable de la sociedad.

Por este motivo, y por otros tantos que se podrían esgrimir, la Mesa Nacional de Barrios Populares se acercó al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Con su acompañamiento, inició un amparo que durante los primeros días de octubre fue inscripto como colectivo y permitió que se sumaran más afectados. Hasta el momento, los barrios que demandan al Estado por la desfinanciación del FISU son 37 en diferentes provincias.

El fin de la obra pública y el impacto en barrios populares

Luna Miguens, directora del área de Tierra y Vivienda del CELS, fue consultada sobre el tema y afirmó: “El disparador fue el Decreto 193/24 que desfinanció la política que venía llevando la Secretaría de Integración Social Urbana. La gestión de (Javier) Milei además de paralizar toda la obra pública desfinanció específicamente esta política al reducir del 9% al 0,3% lo que se destinaba del Impuesto País para financiar las obras de integración socio urbana”.

Sin fondos

Por su parte, Leonel Bazán, abogado del CELS, confesó: «La mayoría de las obras que estaban previstas y quedaron suspendidas tenían que ver con asfaltos, veredas que hacen a la dificultad del ingreso y egreso a las viviendas, pero también de ambulancias o patrulleros por temas de seguridad, camiones de residuos”, apuntó Bazán.

Algunos barrios que iban a ser relocalizados por las condiciones ambientales de grave vulnerabilidad que registran, no fueron trasladados.

Es el caso de un barrio en Mercedes ubicado a la vera de un canal que recibe afluentes del río Luján. Por eso enfatizan que la desfinanciación de esta política ataca no sólo el derecho a la vivienda. Según Miguens, las vulneraciones abarcan incluso a la posibilidad de trabajar, educarse, a la salud, al agua potable, “todos los derechos asociados a tener un lugar dónde dormir, dónde desarrollar tu vida están afectados”.

La centralidad del FISU

“Esta política que se inició a partir del relevamiento nacional de barrios populares y que tiene al fondo fiduciario como instrumento de financiamiento viene a abordar un problema que se venía desconociendo”, aseveró Miguens. Por su intermedio se logró saber con exactitud cuál es la escala del problema «y contabilizar cuántos barrios populares hay sin las condiciones adecuadas en términos de servicios y habitabilidad».

La especialista remarca que el FISU fue un salto que se sancionó por ley con unanimidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas en el Congreso. Comenzó a funcionar durante la presidencia de Mauricio Macri y continuó en la gestión de Alberto Fernández.

“Hay cinco millones de personas que viven en malas condiciones habitacionales. El FISU vino a resolver un problema de derechos gravísimo, histórico, que afecta sobre todo mujeres, niños y niñas”, concluyó Miguens.