Los no docentes se suman al paro a nivel nacional

FATUN lanzó un paro a nivel nacional como parte de su lucha contra el gobierno nacional que amenaza con vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

La tensión entre el Gobierno y las universidades continúa en aumento de cara al ya anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. De esta manera, asociaciones gremiales anunciaron un paro nacional para la semana próxima.

La medida fue convocada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), desde donde convocaron a un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo para el jueves 26 de septiembre.

En ese sentido, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP) el gremio de los nodocentes de la UNLP, adhirió a la medida.

Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación, estimó que los gremios docentes también se sumarán al paro. Además, sostuvo que el fin es dar respuesta a la amenaza de veto a la Ley de Financiamiento.

A su vez, manifestó que se espera la oficialización del veto de Javier Milei para poner fecha a la Marcha Federal Universitaria. Estimó que se daría entre la primera y segunda semana de octubre.

Financiamiento universitario: cruces entre el Gobierno y las casas de estudio

Con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado sancionó la semana pasada la Ley de Financiamiento Universitario. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes.

La medida generaría un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Como contrapartida, el Presupuesto 2025 presentado por Milei autoriza un gasto total para universidades nacionales de $3,8 billones y, en caso de ser aprobado, habilitaría un esquema de auditorías con el que el Ministerio de Capital Humano podría suspender las transferencias. Esto es cerca de la mitad de lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para que las casas de estudio sigan funcionando, que es $7,2 billones.

A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el FONID.

Desde la oposición, impulsores de la iniciativa por el financiamiento universitario anticiparon que, ni bien salga a la luz el veto presidencial, van a convocar a una sesión especial para insistir en la ley, en paralelo a una nueva marcha universitaria nacional.