MASIVAS PROTESTAS CONTRA LA DESREGULACIÓN DE LAS PRESTACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Este miércoles, miles de personas se manifestaron en todo el país en contra del decreto nacional que busca desregular las prestaciones para las personas con discapacidad.

Impulsada por el Foro Permanente Discapacidad, este miércoles se llevó a cabo una protesta federal en la que miles de personas con discapacidad (PDC), familiares, organizaciones, profesionales, se manifestaron en distintos puntos del país para exigir el freno al decreto nacional que propone la desregulación del nomenclador único de prestaciones básicas para personas con discapacidad, situación que implica un retroceso en los derechos adquiridos por el colectivo.

Frente a la Residencia de Olivos en Buenos Aires, pero también en Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Chaco y más puntos del país, miles de personas se movilizaron bajo la consigna “Basta de ajuste en Discapacidad”, para manifestar su rechazo y exigir el freno de un decreto nacional que atenta contra el principio de igualdad de acceso a las prestaciones de salud para las PDC, cuyo proyecto comenzó a circular el pasado viernes 10 de mayo.

«Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente, y no vinculante entre ellos, los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad», dice el texto que lleva la firma del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Orlando Spagnuolo.

Actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la Ley 24.901 y el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, PAMI, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos. Aranceles que se actualizan según la inflación y los índices salariales.

El proyecto del decreto establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, lo cual destruye el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, y generó el rechazo desde Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los de Derechos de las Personas con Discapacidad, que a través de un comunicado expresaron:

“Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga.

La consecuencia de no tener un arancel acorde al costo del servicio, es que aquellos que no respondan a la realidad económica que implica brindar un servicio categorizado educativo, terapéutico, de salud, de alojamiento, transporte o asistencial van a dejar de contar con ello”.

De efectivizarse esta medida podría verse afectada la calidad de vida de más de 200.000 personas con discapacidad que podrían no recibir la atención necesaria de acuerdo a la obra social que tuvieran. De establecerse aranceles que no llegaran a cubrir el costo de las prestaciones muchas instituciones o profesionales dejarán de atender a esta población, o habrá diferencia en la calidad de las prestaciones.

Al respecto, desde el Foro Permanente Discapacidad concluyeron: “Exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años”.