La comunidad senegalesa es denunciada y discriminada por el intendente Garro

Garro acusó penalmente a la comunidad senegalesa por supuesta vinculación con una «mafia» y una «red de trata de personas». Desde la delegación provincial del INADI expresan preocupación ante lo que consideran una postura estigmatizante.

El intendente Julio Garro, junto con la Secretaria de Convivencia y Control Ciudadano, Virginia López Cattaneo, presentó una demanda penal en el Fuero Federal contra la comunidad senegalesa por un supuesto crimen de trata de personas y otros crímenes conexos que, según el gobierno, se esconden tras la venta ambulante.

Al respecto, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresó a Raíces su «preocupación y repudio» a esta decisión tomada por el gobierno municipal de Juntos por el Cambio.

«El municipio tiene una práctica histórica con la comunidad senegalesa de criminalizarla que se manifiesta con las requisas constantes, con el hostigamiento, los malos tratos verbales y hasta con la represión a la comunidad en más de una ocasión», afirmó la delegada provincial del organismo, Natalia López.

Por su parte, Cheick Gueye, vocero de la comunidad senegalesa, afirmó que están tranquilos porque «sabemos que todo lo que dice el municipio es mentira, asi que no nos preocupamos ni tenemos miedo. Que el juzgado investigue lo que quiera porque nosotros no tenemos nada para esconder».

«La decisión de criminalizar al colectivo en el fuero federal parece ir mucho más allá de los límites de lo que hubiéramos imaginado» comentó Natalia López y agregó que para el INADI la denuncia «es falsa a todas luces».

Asimismo, la delegada remarcó que el gobierno de Julio Garro «desconoce la realidad de la comunidad que necesita otro tipo de respuesta que tenga que ver con la inclusión que tenga que ver con el reconocimiento y con la no discriminación».

Gueye expresó que «no hay nadie que nos mande a trabajar, no hay nadie detrás de nosotros. Cada uno trabaja por su propia cuenta. La mujer que dice que es «la jefa de la mafia» es a la que le pagamos para que nos haga la comida a nosotros, ni siquiera la vende».

La comunidad senegalesa profesa la religión musulmana y es por eso que no pueden comer cualquier cosa: «Esa mujer nos cocina para que podamos comer lo que queremos, por eso viene siempre», afirmó Cheick, y negaron que esté vinculada a una red de trata.

Por otra parte, el vocero aseguró estar bien informados: «No somos tontos, sabemos lo que es un delito y lo que es una contravención, y vender en la calle es una contravención. Si el juez tiene que intervenir va a intervenir y verá que no hay ninguna mafia».

Es moneda corriente para las comunidades migrantes que provienen de África que les resulte casi imposible conseguir un trabajo «legal»: «Si pudiéramos tener otro trabajo dejariamos la calle hoy mismo porque no nos gusta, sufrimos de todo: de calor, de lluvia, de frio, de falta de baño» comentó Gueye.

Asimismo, Cheick agregó que sufren mucha discriminación en la calle porque «hay gente horrible que pasa y nos dicen de todo, muchos entendemos el idioma, entonces escuchamos lo que dice y nos duele mucho».

Desde INADI, la delegada López afirmó que «en este país, en esta provincia, en esta en esta ciudad no sobra nadie» y añadió que se debe «construir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva».

«Si quieren que dejemos la calle que nos busquen un lugar dentro de la ciudad para que podamos instalarnos, y no lo pedimos gratis, estamos dispuestos a pagar lo que vale nuestro trabajo», aseguró Gueyer y añadió que no se quedarán «en casa muriendo de hambre». «Vamos a seguir vendiendo en la calle porque sabemos que no es ningún delito», concluyó.

Desde el organismo que busca combatir la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo informaron que apostarán «a poder establecer un canal de diálogo» con el estado municipal para llegar a una solución que no criminalice a la comunidad senegalesa.