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¿El silencio de los inocentes?

Escrito por el 20 febrero, 2015


Por Espacio Carta Abierta

A la Corte Suprema de Justicia
Hoy los argentinos vivimos con estupor el descaro con que sectores del
Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal operan políticamente como
un partido de oposición
Mientras la Argentina toda espera que
cumplan su deber esclareciendo miles de causas criminales, entre ellas
algunas emblemáticas como los ataques terroristas a la AMIA y a la
Embajada del Estado de Israel, sectores significativos del Poder
Judicial pretenden tapar sus incapacidades, intereses corporativos y
complicidades con los poderes fácticos sobreactuando actitudes
opositoras. Para ello se esconden detrás del homenaje al fiscal Nisman
cuya muerte, que requiere urgente esclarecimiento, conmueve al país.
Estos fiscales no son ignotos funcionarios, encarnación de una Justicia
aséptica. Han tenido activa participación para turbar las
transformaciones que el gobierno democráticamente elegido puso en marcha
legítimamente: han frenado leyes aprobadas por el Parlamento, como la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; han trabado los intentos
por democratizar sus órganos; han convalidando la invitación de la
oposición a violar la Constitución al no cubrir las vacantes producidas
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; han abusado de las
cautelares, de las prescripciones y en general han promovido la
judicialización de la política. Ahora, atentan contra la figura
presidencial al tratar de dar cauce de modo imperioso, sin el menor
fundamento jurídico, a la denuncia reciente del Fiscal Nisman.
Además, con el pretexto de defender las instituciones, desafían al Poder
Ejecutivo con el llamado a la marcha del 18 de febrero donde
funcionarios del Ministerio Público Fiscal y magistrados exigen
JUSTICIA, en términos abstractos, universales, como si no fuera esa su
propia área de incumbencia como funcionarios.
¿Es esta la gobernabilidad deseable proclamada tantas veces desde la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA?
¿Es concebible que en nuestro sistema republicano, con el debido
respeto a la división de poderes, la Corte se mantenga en silencio
frente a esta convocatoria desestabilizadora, impulsada por Jueces y
fiscales?
¿No será esta la forma en que la Corte pretende erigir
al Poder Judicial como el verdadero custodio de una República
conservadora, que ponga freno a los procesos de inclusión social y
soberanía que se han venido gestando en esta última década bajo
gobiernos democráticamente elegidos? ¿Es casual que esto ocurra en un
año de elecciones presidenciales, cuando la oposición dispersa confía
cada vez menos en desbancar en las urnas al proyecto nacional y popular?
¿No han sido suficientes los constantes embates de la prensa que
multiplican las difamaciones, las presiones de los sojeros, las de los
buitres y sus títeres locales…?
Sres. Jueces de la Corte Suprema
de Justicia, es su deber, su responsabilidad histórica frenar esta
autonomización de uno de los poderes de la República, esta evidente
partidización política de los magistrados del Poder Judicial que pone en
riesgo la vida institucional de un régimen democrático.
Es
urgente que, como Supremos Jueces, hagan escuchar una palabra que
sostenga la institucionalidad, que no es otra que la preservación de las
garantías constitucionales para las autoridades legítimamente elegidas,
desautorizando a este Partido Judicial en gestación, que parece cumplir
hoy el rol desestabilizador que en otros tiempos cumplieron las Fuerzas
Armadas.
Si hay jueces y fiscales que tienen la vocación de
servicio y quieren legítimamente participar en política, que lo hagan
ganando representatividad de cara a la sociedad.
Que no pretendan
lograrlo a partir de su condición de magistrados o miembros del
Ministerio Público Fiscal. De esta última manera harían un daño
irreparable a la ya dañada confianza de nuestro pueblo en la Justicia.
A los argentinos nos costó mucho reconstruir las instituciones,
recuperar y sostener la democracia y avanzar en un camino de dignidad y
justicia para todos y todas.
Esperamos, necesitamos que nuestra
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA asuma su rol institucional y las
responsabilidades que le competen.

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