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Allende los Andes

Escrito por el 20 noviembre, 2019

Leo Fusero nos trae la columna semanal de Economía en Cartón: Detrás del Humo del Choripan, con un amplio análisis del contorno político argentino.

Según el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de Chile, la privatización de empresas durante la Dictadura Cívico-Militar de Augusto Pinochet le provocó al Estado chileno una pérdida de 6.000 millones de dólares. A su vez, los jerarcas militares entregaron 15.888 inmuebles pertenecientes a Bienes Nacionales, de los cuales 11.000 fueron traspasados directamente a manos privadas durante el régimen militar. Apenas el 20% de las tierras expropiadas durante la Reforma Agraria se mantuvo en poder de campesinos. 725 empresas, que estaban en manos del Estado en septiembre de 1973, fueron vendidas a un precio irrisorio, para ser controladas por grupos económicos que surgieron y se consolidaron durante la dictadura. Solo en la venta de 30 empresas públicas entre 1978 y 1990, el Estado perdió más de 2.200 millones de dólares. La Compañía de Acero del Pacifico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones y la pérdida patrimonial en el caso de la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), alcanzó a 261,9 millones de dólares. Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet, asumió la presidencia de Soquimich en 1980, con la misión de sanearla. Veinticinco años después, la empresa, que ahora se llama SQM, y que aún preside Ponce, aparece como líder mundial en los negocios de fertilizantes de especialidad, yodo y litio, con 20 filiales en diferentes países y utilidades por 184,9 millones de dólares en 2004. El Estado dejó de percibir también 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa, a la que está vinculado el senador independiente relacionado al partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Marco Cariola. La UDI, el partido de Joaquín Lavín, miembro supernumerario del Opus Dei, y del actual presidente Piñera está conformado por cuadros civiles del régimen militar. En octubre de 1982, José Yuraszeck, ocupó la gerencia general de Chilectra. La empresa ya había sido dividida en las filiales Chilmetro, Chilgener y Chilquinta. Luego de privatizarla y con sólo 2% de la propiedad de Chilectra, Yuraszeck consiguió un crédito de 65 millones de dólares en el Banco del Estado, con el que compró a la Corporación de Fomento de la Producción un 20% de la empresa que él dirigía en nombre de todos los chilenos. El Estado le dio empleo y poder, le prestó dinero y le vendió las acciones. Negocio redondo. La enajenación de Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, la de Chilgener 171,1 millones de dólares, la de Chilectra de 96,4 millones de dólares y la del Banco de Chile 66,9 millones de dólares.  En los años 80, la propiedad del diario ‘La Tercera’ era del Banco del Estado, por una deuda de la familia Picó Cañas. Días antes de la salida de Pinochet, el gerente general del Banco, Álvaro Bardón, entregó la propiedad de la empresa periodística a Álvaro Saieh y los hermanos Abumohor a cambio de un crédito blando del Banco Osorno. El grupo Copesa hoy controla los diarios ‘La Tercera’, ‘La Cuarta’ y ‘Diario Siete’, la revista ‘Qué Pasa’ y las radios ‘Duna’ y Zero.

La Comisión concluyó que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones corresponden en gran medida a los tecnócratas que las planearon desde la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o fueron interventores de empresas estatales; como Julio Ponce Lerou, con el grupo Soquimich; Roberto de Andraca, con el holding CAP; José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa, Chilectra, Enersis y Pehuenche; los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León, o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna luego que se crearan las Administradoras de Fondos de Pensión. Las consecuencias de este saqueo de la propiedad pública acarrea hasta hoy graves consecuencias para todos los chilenos. La aparición de ciertos grupos empresariales originados en el proceso de privatizaciones se ha convertido en factor principal de la actual concentración del poder económico y político y de la mala distribución de ingresos existente en el país, que tiene a millones en trabajadores percibiendo salarios miserables, jubilaciones indignas o simplemente sufriendo el desempleo cuando 18 mil personas controlan el 40% del PBI. Solo cuatro personas, Andrónico Luksic, fundador de los holding Antofagasta plc. y Quiñenco, Horst Paulmann, fundador y presidente de Cencosud, el ex yerno de Augusto Pinochet y el Presidente Sebastián Piñera tienen el 10% del PBI Chileno. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, resumió muy acertadamente el carácter de estos cambios de propiedad. “La privatización es una realidad sencilla: todo lo que hay que hacer es regalar los activos a los amigos, y esperar favores a cambio”.

La comisión no investigó las privatizaciones realizadas por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro que gobernó Chile desde el 11 de marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 2010, que incluyen la venta de las empresas de agua potable y la privatización o extranjerización de la empresa estatal de energía ENDESA por la que un grupo español pagó 500 millones de dólares por una empresa valorada en 10 mil millones. Tampoco investigó la entrega con contratos leoninos de la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias y otras empresas de suministro de agua potable; ni la semi privatización de los ferrocarriles, las carreteras, las cárceles y las autopistas. Sobre esa enajenación a precio vil de la propiedad comunitaria se acento el milagro del modelo chileno, que hoy cruje en las calles. Y de la misma forma que consiguieron esos privilegios hoy los están defendiendo, o sea, a balazos.


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