Me asfixio! Dios!

Por Leo Fusero

En 1979, Canal 13, en ese momento controlado por el Ejército, pone al aire «Fortín Quieto». La telenovela era una de las actividades culturales diseñadas por la dictadura para celebrar los cien años de la Conquista del Desierto. «De cara al cielo», era el título de la película dirigida por Enrique Dawi que hacía lo propio en los cines.  Clarín, junto con su edición del lunes 11 de junio del mismo año, publica un suplemento especial dedicado al tema, auspiciado por bancos, Papel Prensa, Coca Cola, Loma Negra, Aluar, Bunge y Born y la Sociedad Rural. Esta última, a página entera, se esfuerza en recordar el servicio prestado por la entidad cuando era presidida por José Martínez de Hoz y el Ministro de guerra, General Roca, le solicitó su colaboración para la conquista: mil quinientos caballos puestos a disposición del gobierno nacional para hacer avanzar la frontera. El dato era innecesario. El tataranieto del cándido patriota donador de caballos, José Alfredo Martínez de Hoz, acompañaba a Jorge Rafael Videla en el acto, en su rol de Ministro de Economía. Al mismo tiempo, otro conglomerado empresario, el clan Macri, festejaba;  no la conquista del desierto, sino la adjudicación de la recolección de basura en la Ciudad de Buenos Aires que la dictadura le había otorgado a su empresa Manliba.

El aparato mediático gestionado por militares tuvo especial cuidado en no mencionar la palabra Genocidio, a pesar que en 1948 la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio había definido como tal a «la matanza, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; traslado por fuerza de niños de un grupo a otro grupo, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso». La omisión de la palabra no era gratuita. La Conquista del Desierto de Roca incluyó campos de concentración, reparto de indios como mano de obra esclava en Mendoza, Tucumán, Buenos Aires y Misiones y la separación de niños de sus madres, para evitar el contacto con su cultura y su reproducción.  La omisión de la palabra genocidio se comprende. Las similitudes con las acciones de la dictadura de Videla, que también poseía campos de concentración y separaba a niños de sus madres, eran evidentes. 

Eran genocidas celebrando genocidios. 

Roca escala al poder gracias a su actuación en la Guerra del Paraguay. Iniciada por Bartolome Mitre y continuada por Juan Domingo Sarmiento, la unión de los ejércitos del Imperio del Brasil, Argentina y Uruguay, concluyó con el genocidio del pueblo guaraní. La guerra devastó al Paraguay en una medida desconocida en la historia americana: de 1.300.000 habitantes sobrevivieron 300.000, la mayoría mujeres y niños. No era extraño que Sarmiento haya condecorado a Roca por su actuación en la guerra genocida. El mismo «el Padre del aula», cuando las huestes de Mitre erradicaban a sangre y fuego todo vestigio de gaucho o montonera, le escribía incitándolo a que “no trate de economizar sangre de gaucho. Éste es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes”. Educado en esas ideas, la actuación de Roca no deja margen a duda. Solo replicó la tarea de sus mentores: Mitre y Sarmiento.

El sumario interno que el actual Ministerio de Seguridad de la Nación instruyó a partir de la desaparición de Santiago Maldonado fue llevado a cabo por su Director de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal, el Psicólogo Social Daniel Barberis. Este funcionario es el claro ejemplo de que las cárceles pueden reinsertar al reo en la sociedad, ya que se recibió estudiando en la cárcel de Villa Devoto, donde cumplía condena por el secuestro extorsivo del empresario Julio Jewel Kancepolski, por el que cobró un rescate de más de 800 mil dólares. Estuvo preso hasta el 6 de abril de 1984. Dos años después, en el 86, resultó nuevamente acusado por el secuestro de un nene de 12 años de apellido Cohen, a quien maltrataron por ser de origen judío. El cobro del rescate se realizó con un auto a nombre de Barberis y en el hecho murió baleado por la Policía la pareja de su madre. 

Con este prontuario, Barberis llegó a las huestes del macrismo de la mano de Carlos Grosso,  que trabaja como asesor y miembro de la mesa chica del PRO. Grosso fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre 1989 y 1992, cargo al que tuvo que renunciar rodeado por escándalos de corrupción. Entre ellos, los sobreprecios por más de 50 millones de dólares en el contrato de recolección de residuos con Manliba, la empresa de higiene urbana de Macri. En el interrogatorio que Barberis le hizo a los gendarmes que participaron en la represión a la comunidad Mapuche, y que figura en la causa, pone hincapié en el primer alférez Emmanuel Echazú, escopetero de profesión, quién es señalado como quien lastimó a un miembro de la comunidad con una piedra. Este hombre no figuraba en el listado inicial de personal de Gendarmería que intervino en la represión, según le informó al juzgado. La inteligencia gendarmeril no se percató de que el informe interno de lo actuado lo había firmado el propio Echazú, por lo cual tuvieron que blanquear su participación. En lo actuado por la Justicia se omite la palabra secuestro. No hay paradoja; el ex secuestrador profesional Barberis interroga a nuevos secuestradores. 

Lo más grave de la actuación del Juez Guido Otranto en el caso Maldonado reside en la posibilidad que le da a la fuerza involucrada en la desaparición de una persona de investigarse a sí misma. Este modus operandi no es único del magistrado chubutense, que va sumando laureles para ser el Juan José Galeano del 2017. Un mes atrás, Adriana Reinoso Cuello, la fiscal subrogante de la Fiscalía N° X de Tucumán confirmó la caratula de “homicidio simple” en el caso de la muerte de Ayelén Gómez, cuyo cadáver apareció debajo de una tribuna del coqueto Lawn Tennis de San Miguel de Tucumán. 

La carátula judicial coincide con la hipótesis que maneja los comisarios Daniel Cuellar y Hugo Cabezas, quien se encuentra al frente de la división Homicidios de la Policía Provincial.  Ayelén era una trabajadora sexual, travesti, que el 19 de abril de 2012, había sido detenida, violada y abusada por dos policías de la seccional segunda de San Miguel. Ayelén denunció estos hechos apenas recuperó su libertad. Poco después de denunciar a la policía, se mudó a la provincia de Buenos Aires. Hacía unos meses había regresado a vivir a su provincia natal. La investigación de ambos hechos, su violación en 2012 y su asesinato en 2017, la lleva adelante la misma policía, garantizándose impunidad de la misma forma que el juez Otranto quiso hacerlo en el caso Maldonado, al permitirle a Gendarmería ser parte de la causa. Los comisarios tucumanos van un poco más allá. Siempre que declaran a la prensa sobre el caso Ayelén se refieren a «él», en masculino, violando la Ley de Identidad de Género.

El hijo del director Enrique Dawi, aquél de la película conmemorativa de la Conquista, también eligió las artes, pero no audiovisuales. Armado de un saxo, llegó a compartir grandes escenarios con Carlos Alberto Solari, alías Indio, como saxofonista de Los Redondos. Ya solista, Solari lanza su disco «El Tesoro de los Inocentes», que contiene el tema «Pabellón séptimo (relato de Horacio)». En el, narra en primera persona los hechos del 14 de marzo de 1978, cuando a consecuencia de la represión encabezada por el Servicio Penitenciario Federal bajo dependencia de las Fuerzas Armadas, murieron más de 64 presos en la cárcel de Devoto, de la Ciudad de Buenos Aires. Los muertos fueron a causa del fuego, asfixia o baleados. Esa noche, desde el pabellón de enfrente, agarrado a los barrotes, alguien contemplaba la trágica escena. Era Daniel Barberis, el actual interrogador de gendarmes.